JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES: DEFENSOR DE LA SOBERANIA ARGENTINA EN EL ALTO PERU (1825-1826)

General Juan Antonio Álvarez de Arenales

En el acervo de la cultura popular, el apellido Arenales no fue bien tratado. Su sola mención nos remite a la oligarquía más recalcitrante y poco adepta a la nación. Vivir "sobre Arenales" significa, súbitamente, poseer un costosísimo y muy refinado semipiso de la ciudad de Buenos Aires, rodeado, a lo mejor, de los departamentos de militares arrogantes, de dobles apellidos aburridos, materialistas, y de emburbujados que sienten compasión por la figura guerrillera de Ernesto "che" Guevara Lynch de la Serna.

Todo ello es, pues, el resultado de la azarosa nomenclatura ciudadana que le asignó a Arenales una fama mezquina. Para ir poniendo las cosas en su lugar, diremos que los Álvarez de Arenales fueron grandes argentinos y federales, y bravos defensores de la soberanía como honestos funcionarios, con una amplia visión de servicio desinteresado. Si sus vidas terminaron desconocidas fue, precisamente, por estas últimas virtudes.

El general Juan Antonio Álvarez de Arenales, por ejemplo, fue el último defensor de la soberanía argentina sobre el Alto Perú, cuando se desempeñó como gobernador de Salta. Se opuso permanentemente a la ingerencia del masón y aliado de Simón Bolívar, mariscal Antonio José de Sucre, el cual alentó la ilegítima separación de Tarija de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Tarija no era cualquier zona. El Departamento de Tarija, de cuya jurisdicción dependía la ciudad de Chichas, era "el granero de la región altoperuana", nos señala Ernesto Restelli en "La Gestión Diplomática del General Alvear en el Alto Perú". Basamos que el Departamento de Tarija era nuestro por lo que expresa un trabajo de la Academia Nacional de la Historia escrito por Alicia Mercedes Ubeira. Dice así:

"La Real Ordenanza de Intendentes de 1782, delimitó, junto a otros territorios, el de la Intendencia de Salta, comprendiendo ésta las actuales provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta como capital. En 1794 se le agregó Orán y en 1807, por Real Cédula de Carlos IV, Tarija. Este último territorio, que hasta entonces perteneciera a la Intendencia de Potosí, pasa a depender de la jurisdicción salteña con carácter efectivo el 24 de marzo de 1808, al dar cumplimiento las autoridades de Potosí de la Real orden de 1807. Desde entonces, Tarija dependió en lo administrativo, político, militar y religioso de Salta".

En cumplimiento de este derecho inalienable, el patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales "ordena al teniente gobernador de Tarija, don José Felipe Echazú, proceda a realizar elecciones de representantes de ese departamento para la Legislatura salteña". Los problema con los traidores a la Patria comienzan cuando Álvarez de Arenales, de buena fe, envía una división del Ejército Libertador a Tarija al mando del comandante Guillermo Ferguson, quien "ordena a Echazú no realizar las elecciones dispuestas por Arenales y no obedecer otras órdenes que las emanadas del general Antonio José de Sucre". Por traidores y masones está secesionado nuestro país.

Otro cipayo -que años más tarde abrazaría el unitarismo masónico- en este asunto será el general Juan Gregorio de Las Heras, quien para 1825 se encontraba como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él creará una Legación compuesta por (anoten) Carlos María de Alvear y el doctor José Miguel Díaz Vélez, ambos ministros plenipotenciarios que debían "felicitar al Libertador Simón Bolívar por los servicios prestados a la causa de América y arreglar con él cualquier dificultad que pudiera suscitarse en el Alto Perú por la libertad acordada a estas provincias". Es decir, señores, el gobernador de Buenos Aires prefería tratar el problema soberano del Alto Perú con Bolívar y no con el compatriota Juan Antonio Álvarez de Arenales, que bien dispuesto estaba y estuvo en defender hasta las últimas consecuencias dicho territorio para el país.

La Legación o Comisión, por ende, urdió políticas traidoras con Bolívar y Sucre. El 6 de agosto de 1825, siendo todavía gobernador salteño don Juan Antonio Álvarez de Arenales, se produce un movimiento subversivo en Tarija; se trata de un pronunciamiento hecho por facciones que querían que el Alto Perú (Tarija) quedara "bajo la dependencia del Gobierno Supremo del Perú". De hecho, los subversivos lograron esta aspiración, aunque no por mucho tiempo. A fines de 1825, la situación parecía resolverse con la devolución de este territorio al Estado Argentino.

En este punto, comienza a jugar la Legación formada por Las Heras. ¿Y qué hacen? Como pactaban con Simón Bolívar, le mandan decir a él que era alevoso haber incurrido en una sedición como la de agosto de 1825, que mejor era buscar un reemplazante de Álvarez de Arenales en el cargo de gobernador de Salta, dócil y proclive a seguir los lineamientos de Sucre.

Álvarez de Arenales advierte esta maniobra y resistirá las embestidas de Las Heras, Bolívar y Sucre, quienes pusieron a operar a un traidorzuelo llamado Ciriaco Díaz Vélez (hijo del doctor José Miguel Díaz Vélez) . Éste fogoneó durante los meses siguientes la separación de Tarija del territorio argentino. En carta del 8 de febrero de 1826, Ciriaco Díaz Vélez desde Tarija le dice al general Carlos María de Alvear que "defiende con calor y entusiasmo las aspiraciones del Cabildo tarijeño para independizarse de Salta, justificando éstas por la capacidad económica, extensión y población del territorio y por las quejas que tenían contra este Gobierno".

Desde finales de 1824 que el Congreso General Constituyente se encontraba reunido en Buenos Aires, por eso mismo en febrero de 1826 se eligieron diputados nacionales por Tarija. Esas mismas elecciones servían para que esos diputados tarijeños elegidos, votasen por la independencia o no de Tarija. De este modo transcurrieron las trampas y las intrigas:

"No hay que forzar mucho la imaginación para prever los resultados de esta votación: de 17 votos, 5 fueron a favor de la unión con Salta, mientras que 12 lo hicieron por la independencia.

Con respecto a la elección de diputados nacionales, las sospechas de Gordaliza (*) parecen confirmarse al ser electos de los siete diputados que correspondía según el censo de población, sólo dos tarijeños: don Domingo Arze y don Felipe Echazú. Los restantes serán porteños: José María Díaz Vélez (hermano de Ciriaco); Baldomero García y Cayetano Campana. Consignamos que al presentar estos últimos sus poderes ante el Congreso en abril de 1826, su incorporación al cuerpo nacional quedó suspendida en razón de las irregularidades que se observaron en su elección. Por este motivo los otros dos diputados porteños que completan la representación tarijeña no se presentaron, por lo que no hemos podido comprobar sus nombres".

No es el objetivo de este posteo extendernos demasiado sobre cómo hemos perdido el Alto Perú los argentinos, si bien resulta necesario para poner en su lugar la figura de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y aunque suene a mentira, lo que empezó siendo un tema regional, luego se fue extendiendo a nivel nacional. En la confabulación del Alto Perú se mezclan algunos nombres como el de Dorrego, Juan Bautista Bustos, Bernardino Rivadavia y la Guerra contra el Imperio del Brasil. Por lo pronto, quien fuera gobernador de Salta, Álvarez de Arenales, sostuvo los derechos inalienables argentinos sobre lo que hoy es Bolivia.

"Ya en cartas a Bolívar del 12 de julio y 20 de agosto de 1826 -sostiene la escritora Alicia Mercedes Ubeira-, el presidente [boliviano] Sucre insiste en la recuperación de Tarija, proponiendo ocuparla con tropas y sostenerla a mano armada, por cuanto la posesión argentina de este territorio importa un gran peligro para la República que preside". Esta opción subversiva de Sucre, no obstante, ya parecía inviable pues él tenía demasiados simpatizantes dentro del territorio argentino como para que la situación se le vaya de las manos. Uno de esos traidores fue el coronel Francisco Burdett O'Connor, un agente secreto que arribó a Tarija en marzo de 1826. La conducta observada por O'Connor en la villa "es la que correspondería a un agente secreto de un estado enemigo, trayendo no sólo despachos de coroneles con sueldo efectivo de la República de Bolivia, para José Eustaquio Méndez y Bernardo Trigo, sino también ofreciendo en nombre de Sucre 5.000 hombres para sostener la incorporación de Tarija al Alto Perú".

Continuando con el coronel Francisco Burdett O'Connor, éste tomará al pie de la letra las sugerencias que Sucre le escribe en sendas cartas a Bolívar. El 27 de septiembre de 1826, O'Connor ocupa militarmente Tarija; una vez allí, prepara sus milicias y algún que otro regimiento de caballería para que protegan la plaza. Al mismo tiempo, manda expediciones a Chichas para reclutar soldados. Es que el coronel O'Connor también ambicionaba anexarse territorio de la provincia de Jujuy. El gobernador de Salta, Juan Antonio Álvarez de Arenales, le escribe un oficio a su ministro Agüero el 14 de octubre de 1826 expresándole que:

"[O'Connor] iba a enderezar la división de las dos Repúblicas Argentina y Boliviana, agregando a esta última el pueblo de Santa Catalina perteneciente al departamento de la Puna en el territorio de Jujuy y que sucesivamente había de dirigir sus ataques contra esta provincia [Salta], expulsando del mismo modo a todos los argentinos que existan o habiten en el Alto Perú".

Con la fuerza de la ilegalidad, el 3 de octubre de 1826 el Congreso de Bolivia admite a los diputados de Tarija, electos fraudulentamente en febrero de 1826 como se ha dicho, al tiempo que llama a formar "un tratado de límites con la República Argentina". Por todo ello, "el gobierno de Tarija notifica al Gobierno Nacional que ese territorio se ha separado de Argentina y agregado a Bolivia", advierte Gregorio F. Rodríguez en su obra "Contribución histórica y documental" (1922).

ALZAMIENTOS FEDERALES Y GUERRA CONTRA EL BRASIL

Hay una hipótesis que sostiene que los alzamientos de los caudillos federales Juan Facundo Quiroga, Juan Bautista Bustos (gobernador entonces de Córdoba) y Juan Felipe Ibarra (gobernador de Santiago del Estero) en agosto de 1826, pudieron haber sido el impedimento de un nutrido número de tropas que Álvarez de Arenales pretendía enviar a Mojo (localidad del Alto Perú), donde estaban acantonadas las tropas partidarias de Sucre que segregaron toda esa zona. El temor del gobernador de Salta habría sido el dejar librado a la anarquía a su provincia ante los levantamientos federales.

La otra hipótesis (que nos parece la más seria) es el comienzo, en octubre de 1825, de la guerra contra el Brasil, que motivó gastos excesivos y la utilización de un número grande de tropas. Para ser sensatos, el propio Juan Antonio Álvarez de Arenales así lo cree. El 29 de noviembre de 1826, en carta a su ministro de Gobierno, Julián Agüero, Arenales cree que el cordobés Bustos y el santiagueño Ibarra recibían apoyo financiero de Sucre, pues Bolivia nunca podría haber librado una guerra frontal contra el Estado argentino, de allí el supuesto apoyo (no creemos que haya sido ese el motivo de dichos alzamientos federales, sino algo más patriótico que servir a Sucre) que el mariscal le dio a los caudillos federales, para socavar el poder del gobierno central argentino sin llegar a un conflicto armado entre ambas naciones. Entonces, mientras más conflictos internos haya en el país, menos atención le prestarían las autoridades argentinas al conflicto de Tarija.

El 9 de febrero de 1827 es derrocado el general Juan Antonio Álvarez de Arenales de la gobernación de Salta, por fuerzas que respondían al unitario José Francisco Ignacio de Gorriti. La provincia había entrado en una guerra civil luego de la pérdida de Tarija y el caos consiguiente.

(*) Mariano Gordaliza fue un brillante aliado de Álvarez de Arenales. Por ingerencia de éste, llegó a ser teniente gobernador del Departamento de Tarija, hasta que fue expulsado del cargo tras el intento subversivo del mariscal Antonio Sucre de agosto/septiembre de 1826.